De las facultades que la Constitución Política del Estado de Nayarit
le otorga al Congreso del Estado, se desprende lo siguiente:
Legislativa
Aprobar, reformar o suprimir leyes o decretos
sobre todos los ramos de la Administración y del Gobierno Interior del Estado.
Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos.
Presupuestal
Examinar, discutir y
aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las ampliaciones y
modificaciones que se hicieren necesarias. En los términos de la Constitución.
Aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar
sus cuentas públicas.
Administrativa
Ratificar los nombramientos hechos por el Gobernador en los términos que la Ley
disponga, del Procurador General de Justicia y, designar, elegir, aprobar y nombrar a
los Magistrados numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, al Presidente y a los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, así como
algunos otros nombramientos de servidores públicos.
De Control e Investigación
Citar, por conducto del Gobernador del Estado, a los titulares de la Administración Pública Centralizada y
Descentralizada a fin de abundar y aclarar los criterios, fundamentos, ejecución y
consecuencias de los planes y programas que son a su cargo, así como de las
iniciativas de ley o decreto turnadas a la consideración del Poder Legislativo.
Fiscalización
Fiscalizar las Cuentas
Públicas del año anterior de todos los caudales del Estado y de los Municipios.
Consolidar al poder legislativo como un espacio
plural de discusión, análisis y toma de decisiones de las fuerzas políticas del
estado y fortalecer su independencia y autonomía para la formulación de un marco
jurídico justo, que beneficie a toda la sociedad, y que establezca, con precisión,
las relaciones entre los integrantes de la sociedad, entre éstos y las autoridades y
entre los diversos órdenes y órganos de gobierno, así como para preservar la
integridad y unidad de nuestro estado.
Participar en el proceso legislativo, con el
objeto de que el marco jurídico estatal contribuya a elevar el bienestar económico y
social de la población nayarita.
Establecer y operar los sistemas y
procedimientos necesarios para que los recursos humanos, materiales y financieros del
Congreso se utilicen bajo principios de eficiencia, eficacia, legalidad,
transparencia, honradez y racionalidad.